“El disparatado proyecto de la alcaldesa no cabe; hay que restaurar” #Güímar

Según Diario de Avisos, mientras las administraciones supramunicipales (Gobierno de Canarias y Cabildo) no terminan de ponerse de acuerdo sobre cómo rehabilitar los barrancos de Güímar, mientras el Parlamento de Canarias discute si tramitar o no la iniciativa legislativa que convertiría el suelo minero en rústico medioambiental, la alcaldesa de Güímar y el Partido Popular proponen un proyecto integral de cuatro millones de metros cuadrados, desde El Puertito hasta la cumbre, en el que se recogen inversiones turísticas; un proyecto que necesitaría un cambio del PIOT al que el Cabildo se niega.

Según dijo la diputada Cristina Tavío en el Parlamento, “solo una ordenación del territorio que ni expropie, ni desclasifique, ni restrinja derechos evitará las indemnizaciones a los empresarios, solo buscarle un uso a aquellos hoyos permitirá su recuperación definitiva”. La misma opinión que mantiene desde hace años la alcaldesa Carmen Luisa Castro, quien después de presentar el proyecto de un parque acuático con hotel (Mimiland Park), que finalmente no se construirá, hizo lo propio con el macroproyecto del arquitecto Juan Carlos Piñeiro, bien visto en enero por el propio presidente canario, Fernando Clavijo, “siempre y cuando el Cabildo dé la calificación de suelo turístico”, dijo entonces.

Desde el Cabildo, todos los grupos políticos, menos el PP, apuestan por recalificar el terreno a rústico medioambiental, para lo que se necesitarían más de trescientos millones de euros, más de lo que tienen que pagar los cuatro areneros condenados, obligados a restaurar los grandes hoyos que dejaron como huella de su actividad ilegal durante años.

Recuerda Miguel Ángel Pérez, consejero insular de Política Territorial, que “lo que está diciendo la alcaldesa con ese proyecto imaginario no es verdad, porque hay hasta 50 sentencias contra ayuntamientos en España por haber cambiado el uso minero en sus suelos”. Y añade que “lo de Mimiland era una estafa, porque los inversores no tienen derecho subjetivo sobre un terreno donde no se permite el uso turístico o residencial”.

Carmen Luisa Castro advierte de que “si sale la iniciativa legislativa, adiós a la sentencia”. Según ella, “cambiar el uso minero en ningún caso supone que se tenga que indemnizar a los empresarios”, aunque reconoce que para ello habría que cambiar el PIOT y que permita utilizar el artículo 47 del Texto Refundido sobre la Ordenación del Territorio, donde cabría el uso turístico, ese que anhela la alcaldesa para un municipio “de donde se aprovechó toda la Isla para crecer, y ahí quedaron las huellas en Güímar, al que ahora no le permiten siquiera tener un hotel”. “Yo llevo dos años -prosigue- buscando inversores privados para Güímar, que están pendientes del cambio del suelo, y otros qué han hecho”, se pregunta, mientras recuerda que “ya en la época de Vicenta Díaz se expusieron más de 20 proyectos en un congreso de arquitectos europeos que organizo Juan Manuel Palerm y nada se hizo. Si no les gusta mi proyecto, que se muevan y presenten otro, pero si el suelo pasa a rústico Güímar no tendrá futuro”.

De la Mar a la Cumbre

El borrador redactado por los arquitectos Juan Carlos Piñeiro e Irma Piñeiro en junio de 2015 se extiende desde El Puertito hasta la cantera de los hermanos Morales, siguiendo el cauce de los barrancos, sobre una superficie de cuatro millones de metros cuadrados, que hoy tienen 207 propietarios de los cuales el 90% está en manos de los cuatro grandes areneros o de algún banco hoy propietario.

El proyecto integral no solo recoge las ideas ya conocidas del Mimiland Park (hoy descartado) y la fábrica de O2E Technologies para reconvertir neumáticos en diésel, sino un largo número de actuaciones desde el mar hasta la cumbre.

El proyecto diseñado por Arquestudio recoge también un campo de golf de 18 hoyos y una escuela de golf, rodeado de villas resort. En la parte alta del barranco se situarían las zonas de energía (hidroeléctrica) y reciclaje, zonas verdes y agricultura, y a mitad del mismo habrá un botánico, ciudad del cine y museo arqueológico y etnográfico de Güímar. De la autopistaTF-1 para abajo, hasta el actual Náutico, está previsto una marina resort con un lago navegable, junto a las Villas Riverland, un acuario y área comercial.
En el presupuesto se calcula el pago de 279 millones de pesetas por compra de terrenos, 111 millones en canalizaciones del barranco y 800 millones de inversión para hoteles y apartamentos (18.405 camas), a 1.000 euros el metro cuadrado construido.

“El disparatado proyecto de la alcaldesa no cabe; hay que restaurar”

El consejero insular de Política Territorial, el socialista Miguel Ángel Pérez, es uno de los más vehementes cuando se le pregunta por el proyecto de Luisa Castro: “Es solo un papel, un disparatado proyecto que no cabe, porque primero hay que restaurar, y no hablamos de un año o dos, sino de muchos años”. Pérez insiste en que la única manera de impedir que se pueda seguir sacando áridos de Güímar en un futuro es “la iniciativa legislativa que cambia el uso del suelo, porque hoy si alguien pide una licencia a Minas, hay que concedérsela, por eso tenemos que utilizar el mecanismo de la Ley”. El consejero recuerda que “una cosa es la iniciativa legislativa y otra la sentencia penal que obliga a los areneros a restaurar el daño ecológico causado”.

¿Qué hacemos con los barrancos de Güímar?

La última cantera de áridos fue clausurada hace ocho años en los barrancos de Güímar. Sus huellas siguen ahí sin que ninguna administración pública sepa bien cómo rellenar esos grandes ocho hoyos dejados por cuatro decenios de brutal extracción, cuando fueron ellas las que hicieron la vista gorda mientras los areneros sacaban millones de metros cúbicos de arena y revuelto, sin restaurar, como marca la Ley de Minas. Ahora, una sentencia firme obliga a cuatro areneros -un quinto falleció- a restaurar el medio ambiente destruido so pena de entrar dentro de un año en la cárcel, evaluándose el gasto solo de la rehabilitación de sus canteras en unos 200 millones de euros. Sin embargo, la sentencia dictada en enero por el juez Landete obliga a las administraciones competentes (Gobierno canario, Cabildo y Ayuntamiento) a supervisar el plan de rehabilitación, y ahí es donde está el problema: ninguna de las tres se pone de acuerdo. Una teme las posibles indemnizaciones a los areneros, otra insiste en una iniciativa legislativa para cambiar el suelo de minero a rústico y el Ayuntamiento güimarero aboga por un macroproyecto turístico.