12 de Agosto de 2016 / Noticia de Diario de Avisos
El Gobierno de Canarias intenta regular las condiciones técnicas y sanitarias de los velatorios, tanatorios, crematorios y cementerios. Los diferentes alcaldes de las localidades del sur se oponen a ello,
La normativa impone que cada municipio cuente con tanatorios que tengan sala para autopsias y tratamiento de los cadáveres, cámaras frigoríficas y dependencias para familiares y visitantes “totalmente independiente del acceso y circulación del cadáver”.
Los velatorios, deben estar en edificios de acceso exclusivo y el espacio reservado para el fallecido estará aislada de la zona donde se encuentren familiares y vecinos, “que debe estar separada por un tabique completo con acristalamiento o bien con túmulo”.
Opiniones de algunos alcaldes del sur:
Estos requisitos, a fecha de hoy, se ven inviables entre las autoridades municipales. “Los alcaldes del Sur creemos que estas disposiciones legales no se ajustan a las costumbres de Canarias y mucho menos de sus zonas rurales. Una cosa es que la familia no pueda manipular el cadáver y otra es que no pueda despedirse o no pueda velarlo y que todo el pueblo no pueda estar en una sala pequeña, porque los sitios tenderán a ser pequeños y controlados”, afirma Jaime González Cejas, alcalde de Granadilla, que advierte sobre otro aspecto que también preocupa: “La gran mayoría de criptas o velatorios están en los sótanos de las iglesias o en sus cercanías y si se aplica la ley, que especifica que las instalaciones son incompatibles con cualquier otro uso, la iglesia dirá ‘lo siento mucho, pero yo necesito estas instalaciones para mis cosas”, apunta el regidor chasnero. “Vamos a proponer a través de la Fecam que continúe la prórroga y que se busquen soluciones más racionales que tengan en cuenta la forma de ser de nuestra población, además de que económicamente los ayuntamientos no disponemos de recursos para acondicionar tanatorios y velatorios en todos los pueblos y barrios de Canarias donde haya una ermita”, advierte González Cejas.
Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora. “Esta norma es el resultado de legislar sin tener en cuenta a los ayuntamientos y menos aún la realidad social de los ciudadanos de nuestros municipios; es un disparate”, afirma. Para el mandatario isorano, “no supondrá ninguna mejora de los servicios mortuorios, ni garantiza una mayor seguridad y además obliga a los ayuntamientos a realizar un gasto indecente en los tiempos que corren y que podríamos destinar a otros fines sociales”. Incluso va más allá, al asegurar que con esta medida se facilitará la privatización de los servicios mortuorios, “alejándolos de los ayuntamientos, que llegamos a todos los núcleos y prestamos una función social importantísima”. Preguntado sobre las estrictas condiciones sanitarias que exige el decreto, Martín subraya que en 21 años de alcalde solo recuerda un caso que supuso un riesgo de infección que obligó al sellado de la caja y la incineración del cadáver. “Mi impresión es que esto está hecho por personas que no piensan en el servicio de los vecinos porque lo ven todo detrás de un escritorio”, concluyó.
En parecidos términos se expresa Arturo González, alcalde de San Miguel, un municipio que cuenta actualmente con seis criptas. “Adaptarlas a las exigencias conlleva un coste considerable, de más de medio millón de euros, que a corto plazo no podemos acometer y centralizarlo en un tanatorio es imposible con la dispersión de pueblos y barrios que tenemos; la gente quiere velar a sus difuntos en su localidad y no podemos ir contra esa costumbre”. Junto al descuadre económico, González incide también en otro factor social. “En los pueblos no existe la costumbre de velar a los seres queridos a través de un cristal; en ese momento de dolor se pierde intimidad y cercanía, aquí no se entendería”, advierte. Por todo ello reclama al Gobierno de Canarias que sea lo suficientemente sensible como para extender la prórroga al menos dos años más y que la nueva normativa sea más flexible.